La Administración está obligada por ley a ser transparente. Esto significa, entre otros aspectos, que debe facilitar de forma proactiva —por tanto, sin necesidad de petición expresa— información sobre su organización, funcionamiento, toma de decisiones más importantes y gestión de los recursos públicos. Estos contenidos o documentos han sido elaborados por la Administración o bien los tiene en su poder porque otros sujetos se los han suministrado.
De esta manera, se debe hacer pública la información necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión. Y se debe hacer ofreciendo estos datos de manera que resulten comprensibles para la ciudadanía. Los datos deben ser actualizadas, veraces y accesibles para personas con discapacidad y preferentemente reutilizables. Se entiende por información reutilizable la que la Administración pública ha generado y con la que personas, empresas y organizaciones pueden crear nuevos productos y/o servicios para otros públicos o destinatarios.
En Cataluña, los ciudadanos pueden pedir cualquier tipo de información que las Administraciones hayan elaborado o que tengan por el ejercicio de sus funciones, en aplicación de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Es el llamado derecho de acceso a la información pública.