Es el régimen de intervención a través del cual las personas o empresas titulares de una actividad, ponen en conocimiento del ayuntamiento hechos o elementos relativos al inicio de una actividad bajo su responsabilidad, indicando los aspectos que la pueden acondicionar, y que se acompaña de los documentos necesarios para su ejercicio.

Se someten a este régimen las actividades relacionadas en el Anexo III de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades (LPCAA) y las actividades consistentes en unidades técnicas móviles de carácter temporal asociadas a obras de infraestructuras públicas o privadas, o a actividades de tratamiento de residuos, o a instalaciones similares del anexo II de la mencionada Ley, siempre que, como actividades independientes y por sus características, no estén asociadas en un emplazamiento fijo ni tengan la condición de actividades estables.

A las personas físicas o jurídicas que quieren ejercer una o varias actividades en un mismo centro o establecimiento, o su representante legal. En este caso se tiene que aportar el documento que acredite la representación.